Actualmente, muchos operadores que participan en el Mercado de Seguros,  se encuentran regulados por un órgano de fiscalización, que actualmente en el Mercado Boliviano se denomina Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS.

Nos referimos como Operadores Regulados a las Entidades Aseguradoras, Corredores de Seguros, Corredores de Reaseguros, Ajustadores de Seguros, Empresas de Auditoría, Servicios Prepago, Calificadoras de Riesgo y otras personas que por su actividad tienen registro en el órgano de regulación.

El llevar a cabo estas actividades reguladas, puede generar el inicio de procesos administrativos del regulador que pueden derivar en la emisión de sanciones de amonestación y/o pecuniarias e incluso en el cierre del operador, lo cual se encuentra en desmedro del operador.

Asimismo, el Ente de Fiscalización también puede generar normativa que podría ir en contra del desarrollo del Mercado Asegurador y da lugar a poder generar un proceso administrativo.

Para gestionar estos procesos administrativos, se requiere de un conocimiento Técnico y Jurídico especializado en el campo de seguros, la normativa vigente y la norma de Procedimiento Administrativo instaurada en Bolivia, lo cual en muchos casos en la práctica es muy deficiente, ante la falta de firmas legales que se especialicen en Seguros.

Es por este motivo que nuestra firma  como una organización especializada en Servicios Legales de Seguros, deja a su disposición a nuestro equipo especializado en seguros y el procedimiento administrativo, donde acompañaremos y resolveremos dentro el marco legal vigente  la mejor solución al proceso administrativo instaurado.

Contamos con un repositorio de todas las sanciones y amonestaciones que ha instaurado el órgano de fiscalización, que nos sirven de precedentes jurídicos ante un proceso administrativo que pueda afectar los intereses de nuestros clientes